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Continúa proceso contra Lozoya, nuevos hallazgos complican su defensa

El panorama para Lozoya podría complicarse pues las autoridades federales identificaran a casi cincuenta empresas “fantasmas” involucradas en pagos que PEMEX otorgó a Odebrecht

Continúa proceso contra Lozoya, nuevos hallazgos complican su defensa

El proceso penal contra Emilio Lozoya continúa. A pesar de que el exdirector de Pemex ya denunció supuestos actos de corrupción en los que estarían involucrados hasta tres ex presidentes, ya que hoy es la mitad de los seis meses que un juez otorgó para definir si está sujeto a juicio o no, La Fiscalía General de la Nación (FGR) no ha retirado los cargos por lavado de activos por los que estuvo vinculado al proceso el pasado mes de julio.

Incluso, el panorama para el exfuncionario podría complicarse luego de que las autoridades federales identificaran a casi cincuenta empresas posiblemente “fantasmas” involucradas en pagos que Petróleos Mexicanos, bajo la dirección de Lozoya, otorgó a la constructora Odebrecht en la pasada administración.

Fue el pasado 28 y 29 de julio cuando los jueces federales decidieron vincular a Emilio Lozoya al juicio por dos delitos de operaciones con recursos de origen ilícito, y uno de asociación delictiva. Lo anterior debido a los supuestos sobornos que recibió de las empresas Agronitrogenados y Odebrecht, para favorecerlas con contratos en su gestión.

La vinculación al proceso dictada en esas audiencias se produjo sin la oposición de Lozoya y sus abogados, quienes anunciaron que buscarían un criterio de oportunidad, es decir, un trato con la Fiscalía para que se retiraran los cargos, a cambio de denunciar y comprobando que el exdirector de Pemex fue utilizado por una gran red de corrupción en la que incluso estuvieron implicados presidentes.

Luego, los jueces dieron a las partes un período de seis meses para completar las investigaciones y decidir si acusar formalmente a Lozoya para el juicio o si retirar los cargos en su contra.

Autoridades con pleno conocimiento de este proceso confirmaron a Animal Político que al final de la mitad de este período la situación jurídica del exfuncionario es la misma.

“El criterio de oportunidad es un proceso en construcción, requiere que Lozoya también declare ante un juez lo que denunció, que aún no ha sucedido”, dijo la fuente consultada.

Lo que sostiene la defensa del exdirector de Pemex es que fue utilizado por un supuesto “aparato de poder organizado” para perpetrar los actos ilícitos que se le imputan. El 20 de agosto, un mes después de ser procesado, Lozoya presentó una denuncia formal en la que declaró múltiples actos de corrupción en los gobiernos de los últimos seis años. La denuncia pronto se filtró a los medios de comunicación, junto con un video de uno de los supuestos pagos a los legisladores denunciados.

Sin embargo, para otorgar el criterio de oportunidad, la ley también contempla que se debe aportar prueba útil para ayudar a procesar a los involucrados en los hechos denunciados, y también se debe realizar un pago para reparar el daño. Es en esta fase, y en la ratificación de las declaraciones de Lozoya ante un juez, donde se encuentra actualmente el proceso.

Si no se cumplen las condiciones de los criterios de oportunidad, las autoridades de la FGR confirmaron que la acusación formal contra Lozoya se presentaría a fines de enero de 2021.

Nueva acusación a la puerta

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará, en noviembre, una denuncia penal ante la FGR por posibles operaciones con recursos de origen ilícito derivadas de una nueva investigación que involucra a la gerencia de Lozoya en Pemex y la constructora Odebrecht.

Según las autoridades federales consultadas, la investigación involucra a cincuenta personas jurídicas, la mayoría de ellas posiblemente empresas fantasma, involucradas en una red de lavado de activos.

Se trata, según labores de inteligencia, de empresas que hasta ahora no habían sido detectadas ni denunciadas, en su mayoría constituidas en México, y que se presume que pudieron haber sido utilizadas por Odebrecht y exfuncionarios para desplazar pagos de sobornos de los que no se tenía constancia.

Ese dinero, presumen los investigadores, sería una compensación directa por los seis contratos con sus respectivas prórrogas que logró la constructora brasileña con Pemex en la gestión de Emilio Lozoya, por un monto que supera los tres mil millones de pesos.

Animal político había adelantado en esta nota que la UIF sospecha que podría tratarse de un esquema similar al del “Master Scam”, donde se implementó una compleja red de empresas fachada para tratar de ocultar el destino final de los recursos.

La denuncia original de este caso debía presentarse a principios de octubre, sin embargo, la complejidad de la red descubierta ha retrasado la presentación de la denuncia a la Fiscalía. Según fuentes de Hacienda, corresponderá a la FGR confirmar si Lozoya está vinculado directamente a la red o a otras personas cercanas a ella.

Múltiples casos pendientes

Cuando Lozoya renunció voluntariamente para luchar por no ser extraditado de España, también perdió la posibilidad de adherirse a una norma de la llamada “especialidad” incluida en el tratado de extradición, suscrito entre el país europeo y México, que contempla que una persona solo puede sea ​​juzgado por los delitos por los que es entregado.

Esto significa que las autoridades mexicanas tienen vía libre para proceder con cualquier otro caso de delito o corrupción en contra del exfuncionario, además de los procesos penales que ya se han iniciado por los sobornos de Odebrecht y Agronitrogenados.

Los pendientes de Lozoya en su mandato como director de Pemex son muchos. Desde un inicio, la Auditoría Superior de la Federación presentó en 2019 una denuncia penal por una pérdida a la Hacienda Pública de más de 460 millones de dólares como consecuencia de inversiones fallidas en plantas de fertilizantes. La carpeta de investigación iniciada por ese caso aún se está integrando.

Además, la Auditoría también tiene investigaciones en curso sobre 36 convenios que Petróleos Mexicanos firmó con diferentes entidades públicas bajo el esquema de “La Estafa Maestra”, y que ante la falta de financiamiento del dinero, se espera que se conviertan en denuncias públicas. en los próximos meses.

Por su parte, la SHCP ha presentado cinco denuncias en el último año y medio relacionadas con diversas irregularidades que también afectan a la administración de Lozoya en Pemex, y que van desde el posible desvío de más de 80 millones de pesos hasta la compra de un astillero. en España, hasta el sobrecoste en la adquisición de la planta de fertilizantes Fertinal (donde también estaría involucrado el Consejo de Administración de Pemex).

La ONG promueve la protección para hacer que el proceso sea transparente

La organización no gubernamental TOJIL: Estrategia contra la Impunidad interpuso un recurso de amparo con el que busca que el proceso penal iniciado contra Lozoya e incluso los posibles criterios de oportunidad que se le otorguen sean transparentes, bajo el argumento de que al tratarse de un caso de corrupción , la víctima es la sociedad en cuestión en su conjunto y, por tanto, todo el mundo tiene derecho a saber qué está pasando.

El reclamo fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México y continúa en análisis.

Lo que el juez se negó fue a otorgar una suspensión provisional para detener el proceso mientras esto se resuelve. Contra esta negativa, TOJIL interpuso un recurso de apelación que también se encuentra en revisión.

Hasta el momento el caso de Emilio Lozoya ha sido manejado en secreto por las autoridades ministeriales y judiciales. Incluso las audiencias en las que estuvo vinculado al proceso el pasado mes de julio, y que por definición son públicas, se realizaron sin que el público pudiera presenciarlas o seguirlas. Esto con el argumento de que por medidas sanitarias no fue posible acceder a las habitaciones.

Animal Político solo pudo acceder a las grabaciones de esas audiencias dos meses después de celebradas y gracias a las solicitudes de transparencia. En esta nota puedes ver en detalle cómo se desarrollaron.

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